El presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado la designación de la abogada Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea como nueva presidenta de Colpensiones, en reemplazo de Carlos René Montoya Muñoz, quien dejó el cargo pocos días después de asumirlo.

Vélez Vengoechea llega a la entidad con una trayectoria de más de tres décadas, según la información entregada por el Gobierno. Es abogada, cuenta con formación de posgrado en Seguridad Social, Gestión de Riesgos, Instituciones de Seguridad Social y Derecho Laboral, y ha ejercido como conjueza de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

El cambio se produce en un momento de especial atención sobre Colpensiones. Entre las instrucciones anunciadas por De La Espriella para la nueva administración están garantizar el pago oportuno de las pensiones, proteger los recursos de los afiliados y revisar posibles irregularidades que puedan ser puestas en conocimiento de las autoridades.

La nueva presidenta también llega en medio de los retos financieros que enfrenta el sistema pensional y de las discusiones sobre los recursos necesarios para atender las obligaciones de Colpensiones.

Ahora, Vélez Vengoechea tendrá al frente una de las entidades más importantes del sistema pensional colombiano, con millones de afiliados y pensionados bajo su responsabilidad.

Santa Marta tendrá que replantear uno de los proyectos concebidos para atender su déficit histórico de agua potable. El presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes que las plantas desalinizadoras no continuarán bajo la estructura planteada, al considerar, según su explicación, que los análisis técnicos no respaldan su viabilidad.

Durante su visita a Santa Marta, el mandatario señaló que los recursos destinados al proyecto se mantienen y que el Gobierno Nacional trabajará con la administración distrital y el Ministerio de Vivienda en la búsqueda de una alternativa para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad.

La decisión modifica el rumbo de una iniciativa que había sido declarada estratégica para la Nación mediante el CONPES 4159 de 2025, documento que contempló recursos de la Nación por $786.032 millones para estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras.

La propuesta original contemplaba una planta en Pozos Colorados, con una capacidad proyectada de 51.840 metros cúbicos diarios, y otra en Taganga, con una producción estimada de 2.000 metros cúbicos al día.

Ahora, el Gobierno deberá definir qué alternativa reemplazará esta iniciativa y cómo se orientarán los recursos previstos para atender la problemática de abastecimiento de la capital del Magdalena.

ESSMAR defiende la iniciativa

La decisión presidencial también abrió una nueva discusión técnica. ESSMAR ha defendido la estructuración del proyecto, particularmente la ubicación prevista en Pozos Colorados. La empresa había informado recientemente que el predio destinado a esa infraestructura quedó formalmente registrado a su nombre.

De esta manera, mientras el Gobierno Nacional plantea buscar una alternativa diferente, desde ESSMAR se han expuesto argumentos técnicos a favor de la formulación que venía desarrollándose.

El siguiente paso será la revisión de las alternativas de abastecimiento de agua y las conversaciones entre el Gobierno Nacional y la administración distrital para determinar cuál proyecto continuará su proceso de estructuración.

El debate ahora queda abierto: ¿qué alternativa será presentada para garantizar una solución de largo plazo al problema de agua potable de Santa Marta?

Gobierno alista nuevas medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño y fortalecer la seguridad energética

Con el objetivo de anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar la estabilidad del servicio eléctrico en todo el país, el Gobierno Nacional anunció un nuevo paquete de medidas regulatorias que busca incentivar el ahorro de energía y fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano.

La propuesta, que fue publicada para recibir comentarios ciudadanos, contempla beneficios económicos para los hogares que disminuyan su consumo habitual de energía. Entre los incentivos se encuentran descuentos de hasta el 40 % en la factura del servicio para quienes logren reducir significativamente su gasto de electricidad.

En contraste, los usuarios que superen su consumo promedio durante los periodos de mayor riesgo energético podrían asumir un cobro adicional de hasta el 30 % sobre el valor correspondiente al exceso registrado.

Las disposiciones hacen parte de una estrategia diseñada por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), con el propósito de disminuir la demanda de electricidad en momentos críticos, proteger las reservas hídricas y garantizar la continuidad del suministro ante posibles escenarios de baja generación.

Además de promover el uso eficiente de la energía, la iniciativa busca establecer un marco regulatorio permanente que permita activar de forma inmediata medidas extraordinarias cuando el país enfrente periodos de estrechez energética, evitando la necesidad de expedir nuevas resoluciones en cada contingencia climática.

El Gobierno señaló que este modelo también pretende estabilizar las tarifas, prevenir la acumulación de deudas en el sector eléctrico y reforzar la capacidad de respuesta del Sistema Interconectado Nacional frente a los desafíos derivados del cambio climático.

La estrategia definitiva será presentada en los próximos días y hará parte de las acciones preventivas para que Colombia afronte con mayor preparación la temporada asociada al fenómeno de El Niño.